ESTAFA DE FUNCIONARIOS EN LA PLATA: LANCHAS, AUTOS DE ALTA GAMA, CAMIONETAS Y MANSIONES

Entre autos de alta gama y mansiones: así vivían los funcionarios detenidos de Educación

Gustavo Chiramberro y Diego Burgos son los dos empleados de planta de la Dirección General de Cultura y Educación que fueron detenidos ayer en el marco de la investigación de la causa denominada como “la mafia con las tarjetas de combustibles”.

En tanto que el director de Servicios Generales, Néstor Casado, y el subdirector de Transporte Terrestre, Horacio Mankowski, no fueron aprehendidos porque sus abogados presentaron una eximición de prisión. Los dos tomaron esa medida cuando desde la cartera educativa bonaerense les iniciaron un sumario administrativo y los separaron de sus cargos.

Chiramberro fue detenido en su casa de Camino General Belgrano y 501, muy cerca de la República de los Niños. Burgos, en su finca de 7 y 98 en el barrio Villa del Plata, en Punta Lara.

Los detectives policiales también allanaron la casa de Casado, en 507 entre 8 y 9 de La Plata, y la de Mankowski, en 12 entre 153 y 154, en Berisso. Además, registraron una agencia de autos y un club náutico donde encontraron autos, motos de agua y un yate, propiedad de los imputados.

Todo el procedimiento fue pedido por el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta y contó con el aval del Juzgado de Garantías N° 5 de La Plata.

El fiscal contó con el apoyo de la efectivos de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado dependiente del ministerio de Seguridad bonaerense. Los detectives de esa área fueron los que encontraron los vehículos dados de baja pero que tenían activas las tarjetas de débito para cargar combustible, una grave irregularidad administrativa.

Los autos abandonados fueron hallados en los depósitos de El Dique, en Ensenada, en otro de Mar del Plata, en Tres de Febrero y en Areco.

Con sueldos que rondan entre los 30.000 y 100.000 pesos, los detenidos y los que tienen pedidos de detención, mostraban un nivel de vida que no concordaban con sus ingresos.

Motorhomes, cuatriciclos, motos de agua, motos, autos y viviendas costosas, fueron el resultado de los allanamientos. Ahora se inicia la etapa en la que los acusados deberán justificar sus bienes bajo la sospecha de enriquecimiento ilícito.

“Van a tener que responder con sus propiedades. Eso ocurre cuando se incurre en el delito de malversación de fondos públicos”, explicó un vocero judicial a este portal.

La causa se inició el 26 de abril último, cuando la policía detuvo en un control a un hombre de 29 años identificado como Walter Cejas que trabajaba en una estación de servicio situada en la calle 44 y 31 de La Plata.

El fiscal Condomí Alcorta explicó que el hombre «se puso nervioso» y cuando se le requirió la documentación de la camioneta Grand Cherokee que conducía se le cayeron 15 tarjetas de débito y 50.000 pesos en efectivo.

Los efectivos policiales comprobaron que Cejas tenía tarjetas de débito Bapro Copres, que utilizan los organismos públicos para cargar combustible en vehículos oficiales.

Además de la investigación judicial, la cartera educativa inició una serie de sumarios ante la sospecha de que puede haber más empleados involucrados en la maniobra.

Las fuentes sospechan que en la malversación podrían estar involucrados también otros empleados de la estación de servicio, ya que un día después de la detención de Cejas se suicidó el encargado general de ese comercio, Maximiliano Normann, de 44 años.

Según pudo comprobarse durante la pesquisa, funcionarios y empleados de la DGCyE bonaerense desviaban de forma periódica fondos públicos a partir de falsas compras de combustibles para vehículos oficiales.

De acuerdo a los voceros, además se constató que varias de las tarjetas correspondían a autos en desuso, que no habían sido dados de baja y estaban guardados en galpones, por lo que los gastos en combustibles y en repuestos se destinaban supuestamente a esos vehículos.

Para los pesquisas, dicho modus operandi no podía realizarse sin el aval de los jefes de área, ya que debían presentarse los comprobantes y rendir gastos, por lo que comenzaron a ser investigados el director de Servicios Generales, el sub director de Transporte Terrestre, el jefe de Movilidad y el coordinador del área de Combustibles, todos funcionarios de la DGCyE.

«La maniobra viene desde 2014, según la investigación, por lo que se puede decir que es millonaria la malversación de caudales en perjuicio de la administración pública provincial», afirmó el fiscal.

Las fuentes indicaron que los montos destinados del erario provincial a las tarjetas ascendían de forma semanal desde 250.000 a un millón de pesos, por lo que el fiscal Condomí Alcorta, ante la magnitud de la estafa al gobierno provincial, pidió que se embargaran los bienes de las personas investigadas hasta tanto poder determinar el total del dinero sustraído.

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PUBLICADO EN LANUEVACOMUNA.COM

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