29 de enero de 2019

10 AÑOS DE LA DESAPARICION FORZADA SEGUIDA DE MUERTE DE LUCIANO ARRUGA



10 años sin Luciano: “Debajo de cada gorra hay un pibe con historia”




A 10 años de la desaparición forzada seguida de muerte de Luciano Arruga, cientos de personas, organizaciones políticas, de Derechos Humanos, trabajadores, sindicatos combativos y familiares de víctimas de gatillo fácil movilizaron en el día de ayer en Lomas del Mirador,  La Matanza junto a la familia y amigos de Luciano Arruga para exigir justicia. Fotogalería: Lidia Barán para ANRed 

Documento a diez años de la desaparición de Luciano

10 años sin Luciano. 10 años de impunidad a partir de la articulación de diversos actores, aunque con una columna vertebral que atraviesa, de cabo a rabo, toda la década: el sistema judicial. A cinco días de la desaparición, el poder judicial da su primera estocada: el Juez Gustavo Banco y la Fiscal Roxana Castelli rechazan el Hábeas Corpus presentado por la familia. Casi dos meses después, Castelli es desplazada por serias irregularidades, que son claves para embarrar la investigación: delegar la búsqueda en los policías acusados de torturar y desaparecer a Luciano, violando la resolución 1390 de la procuración general, omitir la producción de pruebas relevantes, ignorar las denuncias de la familia sobre la policía, tomar declaración a Vanesa con uno de los policías acusados a sus espaldas y derivar la investigación hacia lados que no hacían más que culpabilizar a las víctimas.



La reemplaza Celia Cejas Martín, otro engranaje de esta maquinaria siniestra. Luego de ser escrachado por Familiares y Amigos en Agosto de 2010, el Juez Banco recibe, junto a Cejas, a la familia de Luciano el 23 de mayo de 2011, es decir, más de dos años después de la desaparición, donde no explica por qué motivo las pruebas con luminol en los patrulleros se hicieron tan tarde, evitando de ese modo un análisis más exacto, ya que se encontraron muestras de sangre, pero muy viejas. Para enero de 2013, transcurridos ya cuatro años, Banco entiende que su tarea, ni más ni menos que obturar la investigación, ya estaba finalizada: se declara incompetente y la causa pasa al fuero federal, con la carátula de Desaparición Forzada de Persona, y a cargo del Juez Salas.



Diez meses después, y ratificando cuestiones planteadas en el inicio del presente texto, se revela un legajo reservado que demuestra que la fiscal Cejas había investigado a la familia interviniendo teléfonos fijos y celulares desde abril de 2009 hasta agosto de 2010, autorizada por el Juez Banco en sus quince pedidos de extender la intervención. En abril de 2014, Salas sigue dando rienda suelta a la coherencia judicial y rechaza un segundo Hábeas Corpus, frenado también en la Cámara Federal de San Martín que, sin embargo, es aceptado más tarde por la Cámara Federal de Casación Penal, el 12 de julio. En ese contexto, Salas es obligado a citar a la Ministra de Seguridad nacional, María Cecilia Rodríguez, al Ministro de Derechos Humanos Martín Fresneda y al titular de la Procuvin, Abel Córdoba, junto a funcionarios de la provincia de Buenos Aires pertenecientes a las mismas carteras. Poco más de tres meses después, el 17 de octubre de 2014, el cuerpo de Luciano aparece enterrado como NN en el Cementerio de Chacarita.



Diez días más tarde, la familia pide el juicio político para las fiscales Castelli y Cejas y para el Juez Banco, cuestión unificada por el Jurado de Enjuiciamiento en agosto de 2015. Desde ese momento hasta la fecha, enero de 2019, poco ha sucedido en lo que respecta al poder judicial. Queda claro, en estas pocas líneas, que no hay represión estatal sin un poder judicial clasista y cómplice. Y que sin garantías judiciales, no se asesina, no se tortura y no se desaparece. A 35 años de democracia, el caso de Luciano, y miles de otros, ejemplifica claramente que nos seguimos encontrando con las mismas prácticas de épocas dictatoriales. El secuestro. La tortura. El asesinato. La desaparición.



La democracia no llegó, aún, a algunos lugares. O peor. Sí ha llegado, y es el horror narrado junto a exclusión y la marginalidad: barrios que parecen guetos y un Estado que no aparece, salvo para pegar, en formato represivo. Entonces, ante una pobreza en aumento, con sectores excluidos al mango, con pibes o pibas que no tienen otra alternativa, a veces, que salir a chorear, con más cocinas de paco que plazas para jugar, con cárceles plagadas de pobres en condiciones infrahumanas difíciles de imaginar, con todo esto y más tenemos que volver a escuchar, por enésima vez, que la solución es bajar la edad de imputabilidad. Nos quieren pobres.



Nos quieren sumisos y sumisas. Nos quieren presos y presas. La respuesta a la desigualdad social no debe ser nunca la punitiva. Queremos más y mejores escuelas. Más espacios para nosotres. Más plazas, más hospitales, salitas de salud con profesionales bien pagos y no precarizados. Que no nos discriminen. En ningún lado. Queremos que nuestros Derechos como Niñes y Adolescentes, sean respetados. Queremos cientos de lugares culturales gratuitos, en los barrios, porque el acceso a la cultura es un derecho y no un negocio. Queremos lugares para hacer deporte, para tocar música, para andar en skate, para tirarnos un rato sin que nadie joda. Queremos más Espacios Luciano Arruga y menos Comisaria Ex Octava. Y lo deseamos con tanto fervor, y somos tantos, miles, millones, que lo que queremos lo vamos a conseguir. Tarde o temprano, es cuestión de tiempo. El futuro es nuestro, por prepotencia de laburo, por lucha, por organización. Y que los forros, que los forros bufen. A 10 Años sin Luciano como Familiares y Amigxs

DECIMOS: A LUCIANO, LO MATÓ LA POLICÍA, LO DESAPARECIÓ EL ESTADO.

10 AÑOS DE IMPUNIDAD, LA JUSTICIA ES RESPONSABLE.

BASTA DE DESAPARICIONES FORZADAS.

BASTA DE SECUESTRAR A LAS PIBAS DE NUESTROS BARRIOS PARA LAS REDES DE TRATA.

BASTA DE FUSILAR A PIBES Y PIBAS EN LOS BARRIOS.

BASTA DE CAUSAS ARMADAS. LES PIBES Y PIBAS NO SON PELIGROSOS, ESTÁN EN PELIGRO.

POR EL DERECHO A SABER LA VERDAD.

EL ESTADO ES RESPONSABLE.

ANRED

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ALFREDO BARROS

 

 

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