27 de mayo de 2018

EL #FMI EXIGE: RECORTE A LOS HABERES JUBILATORIOS, A LA ANSES Y AL PAMI





Recorte a los jubilados a medida del FMI


En línea con los pedidos del FMI, Cambiemos restringe jubilaciones y allana el camino para privatizar el sistema previsional. Desde ahora y tras un acuerdo entre AFIP y ANSES, –que permite el cruce datos de bienes personales– los jubilados deberán sortear nuevos y más requisitos para acceder a las moratorias previsionales. Los beneficiarios del derecho deberán cumplir con una evaluación patrimonial y socioeconómica. Además, se creó el Consejo de Sustentabilidad Previsional. Todo ocurre a pesar de las recientes declaraciones del titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, que aseguró que “no va a haber cambios en el sistema jubilatorio”.

El 28 de marzo pasado, se reglamentaron tres artículos de la Ley de Reparación Histórica. El objetivo: frenar el acceso a las moratorias jubilatorias y profundizar el ajuste solicitado por el Fondo Monetario Internacional. Un acuerdo entre ANSES y AFIP autoriza el cruce de datos de bienes personales, instaura nuevos requisitos socioeconómicos y establece restricciones para quienes están a punto de avanzar con su trámite jubilatorio y no cuenten con los años de aportes necesarios.

En la página de ANSES se lee que para adherir a la Moratoria Ley 24.476 “los períodos a incluir deben estar comprendidos entre el 01/01/55 al 30/09/93 y desde los dieciocho años de edad. La deuda podrá cancelarse de contado o en un plan de hasta sesenta cuotas, cuyos importes se adecuarán semestralmente mediante la aplicación del índice de movilidad”. Sin embargo, a esto se suma un nuevo requisito que restringe la posibilidad de acceso: “La inclusión en esta moratoria está sujeta previamente a una evaluación socioeconómica”.

La ANSES requerirá a la AFIP información para avaluar si el interesado puede o no ingresar a la moratoria y pagar su deuda y quienes soliciten el beneficio “deberán demostrar la situación de vulnerabilidad”. Esto quedó establecido el 28 de marzo pasado en la  Resolución Conjunta AFIP-ANSES Nº  4222/2018, que reglamenta los artículos 20 a 23 de la Ley de Reparación histórica (Ley 27.260).

Además, en la modificada Moratoria Ley 26.970 se establece que “podrán acceder sólo aquellas mujeres que, entre el 23 de julio del 2016 y el 23 de julio del 2019 ya tengan 60 años, pero no tengan todavía los 65 años cumplidos”. Es decir, sólo podrán ser beneficiadas con esta moratoria aquellas mujeres en situación de extrema vulnerabilidad que cumplan dicha edad dentro del plazo temporal determinado (antes del 23 de julio del 2019). Por su parte, los hombres podrán acceder al beneficio si cumplieron 65 años “durante el transcurso del año 2004”. En otras palabras, los varones hoy deben tener 79 años para no quedar excluidos del ingreso al plan. Esto significa que muy pocos podrán acceder a la moratoria previsional.

Facundo Fernández Pastor, especialista en Seguridad Social explica que “el Decreto 1454/05 (Gobierno de Néstor Kirchner) modificatorio de la Ley 24.476 fue una norma de seguridad social de carácter universal, inclusiva. El artículo 20 de la Ley 27.260 es una norma de carácter exclusivo, restrictivas. Lo que queda palmariamente de manifiesto en la Resolución Conjunta AFIP-ANSES Nº  4222/2018”.

“Las moratorias durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner eran el reconocimiento de que no es responsabilidad del trabajador haber trabajado ‘en negro’, sino que es responsabilidad del Estado garantizar esos derechos”, afirma a Nuestras Voces Luana Volnovich, Diputada Nacional del FPV por la Provincia de Buenos Aires.

Una circular dirigida a los trabajadores de ANSES explicita el procedimiento para que estas restricciones comiencen a implementarse a partir del 2 de abril de 2018. Todas aquellas personas que hayan iniciado el trámite después de esa fecha no podrán ingresar a la moratoria sin antes pasar por el cruce de datos socioeconómicos.



Pero el desmantelamiento del sistema jubilatorio no termina ahí. Este miércoles 24 de mayo se publicó en el boletín oficial la Resolución 255/2018 que pone en funcionamiento el Consejo de Sustentabilidad Previsional (que estará integrado por un máximo de 25 miembros) a fin de “sentar las bases para la reformulación de la Seguridad Social en la Argentina”.

El objetivo de este Consejo es elaborar un proyecto de reforma del régimen jubilatorio que deberá estar listo para el 2019 y que tiene como premisa que sea “sustentable”. Es decir, avanza directamente sobre el “reemplazo” del actual sistema previsional por uno nuevo. Con el requisito de “sustentabilidad” –que el FMI entiende como reducción del “gasto público”–, se institucionalizan y profundizan las medidas que se llevaron a cabo en los últimos dos años: la disminución del haber de los jubilados (nueva fórmula para el cálculo) y la restricción para acceder a moratorias que impide el ingreso de nuevos beneficiarios.

La máquina de ajuste jubilatorio se puso en marcha a pesar de que titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso –adelantándose a lo que este nuevo esquema puede generar en materia de rechazo social– salió hace algunos días a afirmar que “no va a haber cambios en el sistema de seguridad social”.

Los jubilados al Fondo
El 18 de diciembre de 2017, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la consulta del Artículo IV con Argentina dónde se afirma que “es esencial reducir el gasto público, sobre todo en los ámbitos en que dicho gasto ha aumentado rápidamente en los últimos años, en particular salarios, pensiones y transferencias sociales”.

La nueva ley de reforma previsional fue aprobada al día siguiente, el 19 de diciembre de 2017, en una reñida votación en la Cámara de Diputados con 127 votos a favor, 117 votos en contra, y 2 abstenciones. Sus artículos comenzaron a reglamentarse el 7 de febrero de 2018 según consta en el Boletín Oficial, mediante el decreto 110/2018.

“Los jubilados pierden con la inflación y pierden con la nueva fórmula de movilidad. Esto es consecuente con el objetivo de bajar salarios. Todo esto va en sintonía con los pedidos del FMI”, enfatiza Volnovich.

Según el gobierno nacional, con esta nueva Ley el Estado podía “ahorrar 100 mil millones de pesos”. Este “ahorro” no es más que una quita a los haberes jubilatorios equivalente a un tercio de lo que el martes 15 de mayo pasado el gobierno ofreció pagar sólo de intereses a los especuladores financieros cuando decidió elevar la tasa de interés de las Lebacs al 40 por ciento para hacer frente al vencimiento de 617 mil millones de pesos.

Leonardo Fabre, secretario general de APOPS, gremio de ANSES, afirma que “la intención del gobierno es eliminar las moratorias. Estos nuevos requisitos afectan a entre 50 mil y 60 mil personas con edad para jubilarse”.

Las personas que ya iniciaron sus trámites no han sido informadas sobre estos nuevos requisitos y muchas seguirán esperando por una jubilación que no van a obtener.

Pero esto no es todo. Aquellos que actualmente están jubilados, con  la nueva fórmula votada en diciembre de 2017, “van a obtener un aumento del 18,11 por ciento en 2018, mientras que con la fórmula anterior las jubilaciones hubiesen aumentado alrededor de un 29,6 por ciento”, explica Fernández Pastor.

“Antes, la discusión era cuánto aumentaba tu jubilación, hoy estamos viendo si llegamos a la inflación. La pérdida de los jubilados es aún mayor porque la suba de un medicamento le representa un costo mayor”, asegura Volnovich y agrega: “Anses viene trabajando en absoluta oscuridad. No presentan los informes solicitados por los diputados. No sabemos quienes renovaron ayer las Lebacs. Las únicas informaciones que trascienden son los negocios con Qatar, los negocios de Caputo con Axis. No vemos intención del gobierno de generar transparencia. Sospechamos que le están robando la plata a los jubilados”.

El ajuste está en marcha. Los sectores más vulnerables comienzan a sufrir el recorte de sus derechos a pocos días del desembarco del FMI.

Por GUSTAVO SOSA Y NICOLÁS MARISCO
NUESTRAS VOCES


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