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9 de julio de 2017

EL FIDEICOMISO DE #MACRI NO ES CIEGO Y NO INCLUYE EMPRESAS NI CUENTAS OFF SHORE




El fideicomiso de Macri no es ciego y no incluye empresas ni cuentas off shore

En Argentina no existe la figura del fideicomiso ciego y el Presidente Macri le puso un título de fantasía a un tipo de contrato que sirve para evitar embargos. Incluyó bienes por $ 44 millones, cuando declaró bienes por $ 110 millones.No incluyó ningún inmueble, ninguna de las empresas y cuentas off shore, ni los supuestos préstamos que le hizo al intendente Néstor Grindetti y a Nicolás Caputo, beneficiario de millonarias obras públicas. Tampoco incluyó el alquiler de un departamento al titular de la AFI Gustavo Arribas. Revelamos el PDF completo del falso fideicomiso ciego.


“He decidido hacer un fideicomiso ciego y destinar a un conjunto de personas independientes que van a disponer todos mis bienes y se van a encargar de administrarlo mientras dure mi tarea pública“, aseguró Mauricio Macri el 7 de abril de 2016. Cuatro días antes se habían conocido los Panamá Papers, que lo involucraron en una opaca red de empresas off shore. Lo cierto es que la figura del “fideicomiso ciego” no existe en la Argentina, que Macri no incluyó todos sus bienes, que es él quien decide quienes lo administran y que, por ende, aún puede intervenir en la administración de su patrimonio. Nuestras Voces accedió al contrato constituido bajo el nombre de Fideicomiso Ciego de Administración cinco días después de ese anuncio ante la Inspección General de Justicia (IGJ), donde queda al descubierto la puesta en escena de esta iniciativa.

Esto sí, esto no

Macri no puso todos sus bienes en el fideicomiso. Este es un dato que se conoció poco después del anuncio, pero que no tuvo condena ni seguimiento de la justicia mediática. En artículo 2.2 del contrato consta que los bienes no incluidos son los inmuebles que Macri utilizará como “vivienda o como residencia de descanso”, en aquellos “de los que es condominio o que es su intención no sujetar a explotación comercial” y “los recursos financieros necesarios para abonar sus gastos personales o los que pueda necesitar su familia”. Macri no esta obligado a poner todos sus bienes en el fideicomiso, pero mintió al anunciar que lo haría. Al comparar este contrato con la Declaración Jurada de Macri ante la Oficina Anticorrupción (OA) surgen diferencias que demuestran que la inclusión de bienes en este fideicomiso fue selectiva y no cumplió ni con lo que dice el contrato. Por ende, que el Presidente aún maneja diversos bienes y fondos. Estos datos corresponden a la Declaración Jurada de 2015, ya que aún no se conoce la de 2016, gracias a la iniciativa de Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, que prorrogó su presentación hasta el próximo 31 de julio.

Según consta en el Anexo del contrato de fideicomiso, Macri incluyó sus acciones en las empresas 4 Leguas, Agropecuaria del Guayquiraro, Molino Arrocero Rio Guayquiraro y Maria Amina, y su participación en el Fideicomiso Inmobiliario Caminito. Tomando los importes que puso en su declaración jurada, tienen un valor de 44 millones de pesos. Teniendo en cuenta que su último patrimonio declarado fue de 110 millones de pesos se advierte que incluyó en el fideicomiso menos de la mitad. Lejos de “todos mis bienes”. Ante la consulta de Nuestras Voces, la IGJ aseguró que es el único documento que hay en el organismo respecto al fideicomiso de Macri, por lo que no hubieron movimientos o no fueron informados.

En el mismo, no figura ni la participación de Macri en Fleg Trading, la empresa offshore radicada en Bahamas revelada justamente por los Panamá Papers, ni ninguna de las sociedades radicadas en guaridas fiscales que se conocieron a partir de esa punta.

Macri tampoco incluyó ningún inmueble. Ni el terreno en Tandil de 5.102 metros cuadrados, ni un departamento con cochera de 370 metros cuadrados en Capital, ni tres lotes en Pilar que suman 495.000 metros cuadrados (Macri tiene el 25% de cada uno) y ni un terreno en Uruguay que al inicio de 2015 declaró que tenía 3.300 metros cuadrados y al final 33.000. Un cero de más o de menos en alguna. Lo cierto es que si alquiló, vendió o hizo transacciones con estos inmuebles quedaron fuera del fideicomiso. De hecho, Macri le alquila un departamento a Gustavo Arribas, su amigo y titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Esto incumple el contrato del fideicomiso, ya que el alquiler es una explotación comercial. Según su declaración jurada, Macri no tiene auto, así que tampoco figura ningún vehículo en el fideicomiso.

Quedó afuera del fideicomiso, por decisión de Macri, su participación del 20% de E. Costa SA, valuada en 337.813 pesos. Caso aparte es la omisión de Yacylec, esta última justificada porque se la vendió en febrero de 2016 a Sideco Americana, una de las firmas insignia de su familia. Declaró, eso sí, que tenía el 0,01% de la empresa cuando era del 5,33%, por un valor de 2.593.007 pesos.

Otro ítem que Macri decidió dejar afuera del fideicomiso fueron sus créditos. Entre ellos, los 22 millones que declaró haberle prestado a su amigo y beneficiario de obra pública Nicolás Caputo. En el libro “El otro yo”, que retrata la historia de Caputo como socio y operador secreto de Macri, los periodistas Esteban Rafele y Noelia Barral Grigera reconstruyen los orígenes de esa deuda. Según la versión de Caputo que consta en el libro, se trata de una vieja deuda de 2005 o 2006, previa a la asunción de Macri como Jefe de Gobierno porteño. En su versión, Caputo le pidió prestado el dinero a Macri ya que éste no lo usaba. “Si no la usás, entonces dejame usala a mí para comprar compañías”, contó Caputo que le dijo a su amigo. Los periodistas Rafele y Barral Grigera le preguntaron qué compañías compró. “Es un decir”, contestó Caputo. En su investigación, Rafele y Barral Grigera recorren el crecimiento desmedido de ese préstamo y la investigación judicial sobre esta maniobra. Los periodistas también revelan que “Caputo, Macri y otro ex Cardenal Newman, José Torello, son socios. Comparten la propiedad de un campo en el departamento de Rivadavia, en la provincia de Salta”. Rafele y Barral Grigera muestran la trama de reparto de esas tierras entre Macri y Caputo y descubren que el Presidente declaró menos hectáreas que las que realmente tiene. En el libro consta que según Caputo el campo no produce nada, pero el otro socio, Torello, dice que crían vacas. Como fuera, Macri no incluyó ni su deuda con Caputo ni este emprendimiento en su fideicomiso.

Tampoco figuran los préstamos por 455.000 pesos a Néstor Grindetti, actual intendente de Lanús implicado, como su jefe político, en los Panamá Papers, ni los créditos que tiene con E. Costa SA y su propia empresa Agropecuaria del Guayquiraro.

Respecto al dinero, el contrato de fideicomiso establece que no incluye “los recursos financieros necesarios para abonar sus gastos personales o los que pueda necesitar su familia”. Macri no incluyó 2.350.222 pesos ni los 2.244.045 dólares que tiene en el país ni los 18 millones de pesos o dólares (no lo especificó en su declaración jurada) que tenía en Bahamas. Claramente excede gastos personales y necesidades familiares. Respecto a los fondos de Bahamas, nunca aclaró su origen y, en junio de 2016, anunció que los trajo a la Argentina y los invirtió en bonos. O sea, no los incluyó en el fideicomiso y no se conoce donde están invertidos.

Ni ciego ni trasparente 

“He decidido hacer un fideicomiso ciego”, aseguró Macri, pero pasó por alto un detalle: en el derecho argentino no existe el fideicomiso ciego. Sí existen los fideicomisos, a secas, desde 1995, cuando se sancionó la ley 24.441. El fideicomiso también figura en el actual Código Civil y Comercial. Abarca el capítulo 30, de los artículos 1.666 a 1.707. La palabra ciego no aparece mencionada.

Lo que Macri anunció como un fideicomiso ciego no es más que un fideicomiso común. De hecho, la inscripción en la IGJ, el organismo encargado de controlar este tipo de contratos, fue como fideicomiso. El nombre que le pusieron fue “Contrato de Fideicomiso Ciego de Administración”. Pero es un nombre de fantasía: tiene las mismas características y objetivos que un fideicomiso común.

En los fideicomisos hay un fiduciante y un fiduciario. El fiduciante es el dueño de los bienes que se dan en administración al fideicomiso. A diferencia de los blind trust, los fideicomisos ciegos que sí existen en otros países cuyo origen es una figura legal de tradición anglosajona, en Argentina no tiene sostén legal. Lo que hace el fiduciante, en este caso Macri, es darle la administración de parte de su patrimonio a una empresa o persona para que, valga la redundancia, lo administre. El fiduciario es la persona o, como en este caso, la empresa que se hace cargo de esa administración.

El ex titular de la IGJ Ricardo Nissen escribió en Página/12 acerca de los objetivos de los fideicomisos: “La finalidad de este contrato, a diferencia del denominado ‘fideicomiso ciego’ de Macri, no es exhibir la transparencia de la administración de un patrimonio particular, sino la creación de un patrimonio separado, tanto del patrimonio del fiduciante como del fiduciario, totalmente invulnerable respecto de las acciones que pudieran iniciar los acreedores particulares de uno y otro, quienes carecen de la posibilidad de embargar y ejecutar dichos bienes. Este es el secreto y la finalidad del fideicomiso, y como toda figura legal, que tiende a restringir de alguna manera la responsabilidad patrimonial de una persona en el cumplimiento de sus obligaciones, el fideicomiso puede convertirse fácilmente en un instrumento de fraude, como ha acontecido en nuestro país, que pasó a ser la herramienta preferida de muchos dirigentes inescrupulosos y poco afectos a la transparencia y al cumplimiento de la ley”. O sea, lejos de buscar transparencia, los fideicomisos profundizan la opacidad.

El fideicomiso de Macri se constituyó el 12 de abril de 2016. Macri puso como domicilio el piso 10 de Avenida Corrientes 545, que es la oficina de su contador, Mauricio Szmulewiez. El contrato lo firman Macri y José María Fernández Ferrari, presidente de Seguridad Fiduciaria SA. Esta es la empresa que eligió Macri sin ninguna justificación. O tal vez justificada: la recomendó Carlos D´Alessio, a quien Macri nombró Escribano General de la Nación el 23 de diciembre de 2015. Al momento de firmarse el contrato, D´Alessio aún era vice presidente de Seguridad Fiduciaria SA. En los papeles, D´Alessio renunció a la empresa el mismo día que se firmó el contrato, pero esto recién se publicó en Boletín Oficial el 17 de mayo, más de un mes después.

Todo se firmó ante el escribano Jorge Ledesma, que dejó constancia “que a pedido de las partes firmó la presente en la Casa de Gobierno sita en Balcarce 24”. Aún con todas sus deficiencias, incumplimientos y omisiones, Macri inauguró con este fideicomiso una política de Estado: que los presidentes, en el futuro, releguen la administración de sus bienes durante su mandato.

En el contrato consta que “el Fiduciante (Macri) desea evitar conflictos de intereses y otorgarle transparencia a la administración de su patrimonio durante el período en que ejerza el cargo de Presidente de la Nación Argentina”. Pero se trata sólo de parte de su patrimonio y no tan transparente. El fiduciario, según el contrato, “actuará con la prudencia y diligencia de un buen hombre de negocios”

Según el contrato, Macri no puede comunicarse con la empresa que administra la parte de sus bienes que quedaron en el fideicomiso, ni directa ni indirectamente. Todas las comunicaciones entre fiduciante y fiduciario deben hacerse a través de la OA, es decir, de Laura Alonso, funcionaria que declaró que se enamoraría de Macri. El contrato, en el artículo 4.1, establece que Macri se abstendrá de pedirle a su fiduciario información de sus bienes y su evolución patrimonial y de darle instrucciones o sugerencias. Una cuestión de fe, que deja muchos flancos abiertos.

Primero, el inciso e) del artículo 5.1 establece que Macri recibirá, a través de Laura Alonso, “la información que pueda necesitar para preparar sus declaraciones o presentaciones impositivas” y “un informe semestral con el valor de los Bienes Fideicomitidos, los fondos depositados en la Cuenta Fiduciaria, las pérdidas del período y los pagos realizados por obligaciones impositivas”. Por ende, Macri sabrá, cada 6 meses o máximo un año, el estado de sus bienes. No sólo no existe legalmente el fideicomiso ciego; tampoco es ciego en los hechos. De hecho, el artículo 1.676 del Codigo Civil establece: “El contrato no puede dispensar al fiduciario de la obligación de rendir cuentas”.

En segundo lugar, sumado a lo anterior, Macri puede cancelar este contrato y cambiar de administrador de sus bienes cuando quiera. En el artículo 6.3 se establece que “en cualquier momento el fiduciante (Macri) podrá remover al Fiduciario de su función de fiduciario, sin expresión de causa”. Le basta avisarle por escrito con al menos 10 días hábiles de anticipación y listo. En síntesis, Macri tendrá información de su supuesto fideicomiso ciego y puede cambiar a su administrador si no le gustan sus resultados. De ciego nada.

“No parece entonces que este tan particular fideicomiso pueda ser ejemplo de transparencia alguna, en especial cuando, según sus cláusulas, el Presidente se reserva el derecho de ‘remover’ a su administrador sin expresión de causa y mediante una simple notificación por escrito y en el mismo sentido, si bien se pactó en el aludido convenio que el fiduciario solo podrá vender o transferir los activos que impliquen conflicto de intereses para el Presidente de la Nación, estas decisiones deberán ser consultadas por el fiduciario con la Oficina Anticorrupción, que curiosamente encabeza Laura Alonso, esto es, la primera que salió a defender la participación de Macri en las empresas off shore, todo lo cual poco aporta a la credibilidad de este mecanismo”, sostuvo Nissen, ex titular de la IGJ.

En el caso de que lo mantenga, el contrato y la cesión de los bienes que Macri seleccionó para su fideicomiso duran hasta 6 meses luego de que cumpla su mandato presidencial o que quiebre o se abra un concurso de quiebra.

El punto 5.6 establece que el administrador de los bienes de Macri tendrá la obligación de confidencialidad durante 10 años a partir de que se termine el contrato. Si es para trasparentar, ¿que sentido tiene la confidencialidad?

Por ARI LIJALAD
NUESTRAS VOCES

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