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24 de abril de 2017

REPRESION A LOS GRASAS E IMPUNIDAD PARA DELINCUENTES DE CUELLO BLANCO




Represión a los grasas e impunidad para delincuentes de cuello blanco


En contraste frente al tratamiento persecutorio de los delincuentes focalizados en el lugar de asentamiento o la “portación de cara”, los flagrantes y numerosos actos ilegales de cuello blanco, tales como el desvío de fondos públicos, evasión tributaria, administración fraudulenta, enriquecimiento ilícito y “lavado de dinero”, entre un sinfín de delitos, normalmente quedan impunes. Esta inequidad se manifiesta claramente en los sobreseimientos de un partido judicial adicto a “Cambiemos”, cuando muchos de sus funcionarios y allegados resultan exonerados de sus crímenes económico-financieros.

Como herencia implicada dentro de las premisas del Consenso de Washington, los Estados neoliberales -a escala internacional- adoptaron decisiones impregnadas de las “lógicas punitivas”, las cuales son proclives a judicializar el accionar del conjuntos de personas que incumplirían la figura del “ciudadano-trabajador”, bajo la condicionalidad de las prerrogativas del capitalismo salvaje prekeynesiano. El ámbito de la libertad se halla sujeto al control vigilante, a través del espionaje de los espacios “sensibles” y sus partícipes o moradores.

Las modificaciones de las normativas jurídicas posibilitaron el incremento en la cantidad de actos imputables en tanto delictuales, y simultáneamente legalizaron la detención y el encarcelamiento de menores, a edades cada vez más bajas. Los jóvenes que ni estudian ni trabajan (ni-nis), reunidos en bandas afuera de sus viviendas precarias, son el blanco estigmático dejando entrever su desamparo en términos de “vector de una sociabilidad incierta”, deviniéndolos en sujetos prioritariamente victimizados por el Estado policiaco [Lutz].

Además, sobre la base del uso reiterado de estereotipos fenotípicos y socioeconómicos, los gobiernos de derecha tienden a elaborar un “mapeo de la inseguridad”, y por ende las palabras inventan criminales y circunscriben territorios baldíos de la legalidad. Es decir que “la invención de la inseguridad corresponde a la conexa invención de un mercado de la seguridad privada y pública, personal y colectiva. Los buenos ciudadanos deben sentirse siempre amenazados en sus personas y bienes, por lo que son invitados a colaborar con la policía para reforzar la red de vigilancia” [Lutz].

En consecuencia, la racialización de los sujetos y agrupamientos transgresores de la ley se debería a una “racialización institucionalizada” de las cuestiones perniciosas que afectan a la gente, léase individuos de tez clara que “pagan sus impuestos”. Así, el “gueto” funciona como una prisión etnoracial: encierra a una categoría deshonrada y reduce gravemente las oportunidades de vida de sus miembros, en apoyo de la “monopolización de los bienes simbólicos y materiales o las oportunidades”, ejercidas por el grupo dominante que vive en sus alrededores [Wacquant]. Los sistemas de seguridad pública, judicial y carcelario reproducen cotidianamente una panoplia de diferenciaciones discriminatorias y estigmatizantes con respecto a los segmentos más carenciados de la sociedad.

En connivencia con el imaginario colectivo de un amplio espectro clasemediero, el Estado ausente en las regulaciones socioeconómicas de todo tipo, aunque formado por “centauros” a la hora de reprimir la protesta justa de los desvalidos por el propio sistema neoconservador, procura disuadir a la “opinión pública” acerca de que el crimen está en sus puertas, de que es susceptible de ser atacado en cualquier momento por malhechores de color, él y su familia. El aparato estatal represivo necesita “un control de la información para difundir el mensaje de la inseguridad y anclarlo en las conciencias individuales” [Lutz].

Coadyuvando a la potenciación de esa paranoia, los medios masivos de comunicación subrayan la eficacia policíaca en aras de “identificar, perseguir y neutralizar a los pseudodelincuentes ­[en su mayoría], mediante su arresto o su homicidio en vivo. La fuerza de ley pretende mostrar que todos los delincuentes son cazados implacablemente hasta caer en manos de una policía honrada y todopoderosa. Esta repetida difusión de una representación maniquea del mundo social donde están los malos de un lado, y por el otro los buenos (el Estado, la policía y los ciudadanos delatores), refuerza los prejuicios racistas y clasistas” [Lutz].

En contraste frente al tratamiento persecutorio de los delincuentes focalizados sobre la base del lugar de asentamiento o de la “portación de cara”, los flagrantes y numerosos actos ilegales de cuello blanco, tales como el desvío de fondos públicos, evasión tributaria, administración fraudulenta, enriquecimiento ilícito y “lavado de dinero”, entre un sinfín de delitos, normalmente quedan impunes. Esta inequidad se manifiesta claramente, por ejemplo, en los sobreseimientos de un partido judicial adicto a “Cambiemos”, cuando muchos de sus funcionarios, parientes y allegados resultan exonerados de sus crímenes económico-financieros. En consonancia con ello, habitualmente los genocidas de la última dictadura reciben una muy tardía condena, que culmina ocasionalmente en arresto domiciliario.

Tal “justicia benevolente” hacia ricos y poderosos deviene aun más ignomniosa, y éticamente inaceptable, teniendo en cuenta las décadas de desfalcos del erario público, cometidas incluso por personajes encumbrados en la administración “macrista”, lo cual es abyecto ante las siderales defraudaciones bancarias y fiscales llevadas a cabo permanentemente. Sin embargo, ello ocurre bajo la mirada complaciente, o el negacionismo directo, de alrededor del cuarto de la población argentina, que adhiere a los postulados clasistas, xenófobos y raciales del gerenciamiento privatizador “gobernante”.

Por JUAN LABIAGUERRE
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