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14 de febrero de 2017

EL PLAN DE MACRI PARA ECHAR A LOS JUECES "DISCOLOS" QUE NO LE HACEN "FAVORES" AL OFICIALISMO


El presidente diseñó un cronograma para depurar el Poder Judicial y destituir mediante juicio político a media docena de jueces 
Mientras en el Consejo de la Magistratura crece el escándalo por una denuncia contra un funcionario que anuló el sorteo que le daba el caso Nisman a Casanello, y ejecutó otro que se lo asignó a Julián Ercolini, se supo que el gobierno quiere “depurar la Justicia”, persiguiendo y llevando a juicio político a los jueces incómodos para el oficialismo, teniendo en cuenta el año electoral que se avecina. Rafecas encabeza la lista de magistrados indeseables, seguido por el camarista Freiler. El diputado Tonelli, macrista y principal operador en el Consejo, sería el encargado de llevar adelante el operativo limpieza.Mauricio Macri diseñó un cronograma para depurar el Poder Judicial y destituir mediante juicio político en 2017 a media docena de jueces díscolos o sospechados de no hacer los deberes a favor del oficialismo. La otra parte del plan, que coordina el ministro de Justicia, Germán Garavano , es nombrar por lo menos 70 nuevos jueces para cubrir cargos vacantes, una variante de la famosa servilleta de Corach, entre los que figuraban Bonadío y Lijo, ahora más macristas que Macri, acumulan muchísimas irregularidades y que parecen intocables para este gobierno.

Todo ello se gestionará en medio de la campaña para las elecciones legislativas de octubre próximo. El miércoles pasado, el oficialismo logró aprobar 13 ternas para cubrir juzgados vacantes.

Según el diario La Nación, el propio Macri sigue de cerca el proceso y está al tanto del cronograma. En ese marco, siempre según el diario mitrista, altas fuentes del Gobierno indicaron que, a fines de marzo, el oficialismo dará el primer paso cuando intente lograr la remoción de Eduardo Freiler, miembro de la Sala I de la Cámara Federal.

Entre abril y agosto, Cambiemos se ocupará del juez federal Daniel Rafecas, y en el último cuatrimestre del año buscará consenso para destituir a Ana María Figueroa, de la Cámara de Casación; a Oscar Hergott, camarista del Tribunal Oral Federal de la Capital, y a Jorge Ferro, camarista federal de Mar del Plata. El propósito es elevar esos casos a juicio político.

Para lograr ese objetivo, el oficialismo necesita reunir el voto de al menos 9 de los 13 consejeros. Cambiemos podría conseguirlos en algunos casos, pero la estrategia del oficialismo podría complicarse en otros y dependerá de cada acusación.

No es la primera vez que desde Casa Rosada se pergeña una operación de estas características. El año pasado, ante la amenaza de seguras destituciones mediante juicio político, renunciaron varios magistrados: el ex juez federal de la Capital Norberto Oyarbide, el ex presidente del Tribunal Oral Federal de La Plata Carlos Rozanski, el ex juez federal de La Pampa José Antonio Charlín, el ex juez federal de Orán Raúl Reynoso (luego detenido por presuntos vínculos con el narcotráfico) y el ex camarista federal de Bahía Blanca Néstor Montizenti.

Toda esta estrategia de desplazar y condenar a jueces díscolos se da mientras crece el escándalo en el Consejo de la Magistratura, después que se diera a conocer una denuncia contra un funcionario que anuló el sorteo que le daba el caso Nisman a Casanello, y ejecutó otro que se lo asignó a Julián Ercolini.

El jueves último el Consejo de la Magistratura (organismo que elige a los jueces, sanciona y administra fondos) fue escenario de dos novedades ligadas al tema, según publica Pagina 12. El plenario decidió abrir, tras casi un año, un sumario contra el director general de tecnología, Gabriel Mehlman, el funcionario que anuló el sorteo que le daba el caso Nisman a Casanello, juez de poco agrado del Gobierno, y ejecutó otro que se lo asignó a Julián Ercolini, a quien el oficialismo considera funcional y a la vez es leal al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti.

El oficialismo, además, forzó la renuncia del administrador general del Poder Judicial, Juan Carlos Cubría, abogado e ingeniero, hijo de la jueza María Servini de Cubría, superior directo de Mehlman en el Consejo. “¡No podés entrar a la base de datos y borrar el registro sin una orden escrita!”, lo reprendió Cubría cuando el tema salió a la luz, según consta en su testimonio que dio a los auditores del Consejo pero que todavía no ofreció en el expediente penal, a cargo del juez Claudio Bonadío, simplemente porque no fue citado.

El macrismo y sus aliados políticos y judiciales forzaron la renuncia de Cubría, le dieron otro cargo para disimular, y pusieron su reemplazo a un hombre propio: el licenciado en administración de 28 años Agustín Cinto, antes funcionario del gobierno porteño. A Cubría le desconfiaban, porque había sido nombrado administrador por el kirchnerismo, y porque dejó que avance la pesquisa sobre la permeabilidad de los sistemas, y no avala cambios que se avecinan como la centralización del sistema electoral informático ni el traspaso de los tribunales nacionales a la ciudad de Buenos Aires, que necesitarán fondos.

Cerca de Macri aseguran que Garavano y el jefe de asesores presidenciales, José Torello, trabajan con prudencia y en línea con los bloques de diputados y senadores de Cambiemos, representados en ese mismo Consejo de la Magistratura.

El principal operador del macrismo en el Consejo es el diputado Pablo Tonelli, presidente de la Comisión de Disciplina y Acusación, que evalúa las denuncias y las eleva al plenario que luego define el juicio político mediante el jury.

Las recientes auditorías del Consejo de la Magistratura al desempeño de los jueces federales de Comodoro Py jugarán un papel clave. El presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Lipera, que pidió esas auditorías, comenzará a analizar sus resultados.

Los jueces que están en la mira y Macri les habría sentenciado con el pulgar hacia abajo son: Freiler, quien está acusado de enriquecimiento ilícito; Rafecas, denunciado por mal desempeño, al igual que Ana María Figueroa, Hergott y Ferro.

“Este año queremos que asuman 70 nuevos jueces como mínimo. Va en serio”, dijo un alto funcionario. El mismo miércoles, el Consejo aprobó 13 ternas de jueces para cubrir vacantes en la Cámara Laboral, en la Cámara Federal de Paraná, en la de Tucumán y en la de Mendoza.

Lo que está camino a quedar a la vista tanto en la “operación limpieza” como en los sorteos amañados dentro del Consejo, si hay voluntad de esclarecimiento, es un modus operandi, que podría abarcar a muchísima gente. Sería ingenuo focalizarlo en uno o dos funcionarios con acceso al sistema, al igual que no mirar qué pasa en las cámaras donde comienza el procedimiento ni recordar que la base de datos es de la Corte Suprema por una acordada del año pasado. Y no atender a las causas de gran peso político que se abrieron en el último año. Es elocuente, y escalofriante, que en el punto de partida estén el caso Nisman y la figura de Stiuso, el histórico operador de inteligencia en los tribunales, el que atravesó varias administraciones, el que ese emblema de la sociedad entre espías y jueces.

FUENTE: info135

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