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8 de octubre de 2016

COMPLICIDAD EMPRESARIAL DURANTE LA DICTADURA MILITAR




Complicidad empresarial durante la dictadura militar



“Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”. Rodolfo Walsh. Carta abierta a la Junta Militar.

Las graves violaciones de los derechos humanos como estrategia de rentabilidad empresaria. La frase es provocadora y se puede aclarar: nos referimos a la responsabilidad de empresas en los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado en Argentina. Un reciente informe investigó 25 casos y evidenció cómo un grupo de empresarios dispuso una estrategia de rentabilidad que se consubstanció con la represión estatal ilegal para reprimir a los trabajadores.1

La discusión se inserta en el más amplio y actual debate sobre empresas y derechos humanos, que alcanza a las Naciones Unidas.2 Qué empresarios, cómo y por qué, se involucraron en estos delitos contra la humanidad. Ford, Fiat, Mercedes Benz y otras multinacionales, incluidas.

En marzo de este año, en el marco de las conmemoraciones por los 40 años de iniciada la última dictadura militar en Argentina (1976-1983), se conoció el fallo judicial que dictaminaba por primera vez en la historia de este país la responsabilidad empresarial en los crímenes de lesa humanidad contra trabajadores. Marcos Levín, ex dueño de la importante compañía de transporte La Veloz del Norte, oriunda de la provincia de Salta, fue condenado a doce años de prisión por participar del secuestro y los tormentos que sufrió un trabajador y delegado gremial de su empresa.

La oportunidad del fallo no pudo ser mayor: por la fecha que se conmemoraba y por los cambios políticos que advertían el final de una etapa, sobre todo en materia de derechos humanos. Otros juicios e investigaciones judiciales esperan su turno: Ford, Mercedes Benz, Techint, Fiat, son algunas de las empresas cuya responsabilidad en delitos de lesa humanidad está suficientemente informada, aunque su transitar por el campo de la justicia se hace demasiado pedregoso.

La presentación ante la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal argentino del informe que analiza en conjunto y comparativamente 25 casos de participación empresarial en la represión durante el terrorismo de Estado procura contribuir a que el proceso de justicia por graves violaciones a los derechos humanos en el país asimile la noción ya ampliamente aceptada en el campo de la memoria y la verdad sobre la co-responsabilidad de grupos de poder del campo civil junto a las fuerzas represivas del Estado en los hechos de aquella época.

El informe sobre los crímenes empresariales

El trabajo mencionado se terminó y presentó en diciembre de 2015, tras casi dos años de arduo trabajo conjunto de cuatro instituciones argentinas, dos civiles y dos estatales. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Programa Verdad y Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, juntaron una veintena de investigadores (historiadores, antropólogos, sociólogos, abogados) para cubrir una cuenta pendiente en la historia del terrorismo de Estado: analizar la participación empresarial en la represión contra los trabajadores.

Es una meta diferente a la de indagar el rol de ciertos empresarios en el manejo de áreas claves del Estado en relación con la economía, el delito económico o la propia represión contra algunos empresarios.1En este sentido, resulta necesario aclarar de entrada: no decimos “todos los empresarios” participaron de la represión. Si bien el sector al que pertenecen los casos investigados fue beneficiado por la represión en términos generales, hablar de responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad y de estrategia se refiere a las personas o empresas específicamente investigadas. En este sentido, hay que pensar la disputa al interior de los empresarios, ya que el modelo económico implantado fundió a numerosos pequeños capitales, mientras que más de un centenar de empresarios fueron secuestrados y torturados para robarles sus empresas y la dictadura en muchos casos se refirió a los “empresarios subversivos”.

En esta oportunidad, nos preguntamos quiénes, cómo y por qué, diferentes empresarios se involucraron en la represión del Terrorismo de Estado. La preocupación no era nueva. La responsabilidad empresarial había sido señalada en numerosos testimonios apenas iniciada la transición democrática, a partir de 1984, ante las comisiones investigadoras (como la Conadep) y tribunales judiciales (algunos bajo jurisdicción militar), incluyendo el Juicio a las Juntas de 1985. Asimismo, algunas investigaciones académicas y periodísticas habían contribuido al tema. Distintas instancias judiciales nuevamente en los ’90 pusieron de relieve este asunto, destacándose el informe que en 1998 presentó ante el juez Baltasar Garzón en España la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). La reapertura de los juicios de lesa humanidad en la primera década del siglo XXI (tras anularse las Leyes de Impunidad de los años noventa), permitió comenzar a sistematizar, según el caso que se investigaba, esta información existente, y a recolectar nueva información.

Partiendo de estas bases, seleccionamos 25 empresas de entre más de doscientas con alguna mención sobre trabajadores víctimas, y comenzamos la tarea de búsqueda de documentos en distintos archivos al tiempo que trabajamos con entrevistas a ex trabajadores, víctimas y familiares. Las empresas seleccionadas fueron nacionales y extranjeras, de distinta localización y actividad (industria automotriz, naval, siderúrgica, de cerámicos, azucarera, yerbatera, gráfica, cementera, textil y de calzado, frigorífica, y servicios de transporte, entre otros), todas significativas por su importancia económica y/o política. Una de ellas, Astilleros Río Santiago, era estatal, bajo dominio de la Armada. Otras fueron: Ford Motor Argentina, Mercedes Benz, FIAT, ingenios Ledesma, Fronterita y Concepción, Dálmine-Siderca y Propulsora Siderúrgica, Swift, Acindar, Grafa, Grafanor y Molinos Río de la Plata, Astilleros Mestrina y Astarsa, Cerámicas Cattáneo y Lozadur, Petroquímica Sudamericana, Minera Aguilar, La Veloz del Norte, Loma Negra, Las Marías, Alpartagas y el multimedio La Nueva Provincia.

El estudio, editado en dos tomos de más de mil páginas (disponible en Empresas y Delitos) enseña que la supremacía militar en el campo represivo se combinó en estos casos con la activa y decisiva participación de distintos funcionarios de las empresas. La existencia de un patrón de lo que denominamos prácticas empresariales represivas permite concluir sobre la puesta en práctica de una estrategia de rentabilidad anclada en el terrorismo de Estado para disciplinar y movilizar militarmente la fuerza de trabajo. Se contaron 869 víctimas para estas 25 empresas: 354 desaparecidas, 65 asesinadas y más de 450 sobrevivientes

El patrón común detectado enseña prácticas que iban desde variadas formas de militarización de los espacios laborales hasta la provisión de insumos esenciales que habilitaron, facilitaron y exacerbaron la represión. Encontramos a los empresarios, mandos altos, medios y bajos, desde accionistas y dueños hasta capataces, pasando por gerentes de áreas de Personal y Vigilancia, en posición de franca iniciativa represiva. Secuestros en fábrica, vinculación entre secuestros y despidos, supervisión militar de la producción, aporte de legajos laborales y fotos, militares en cargos claves en las empresas, infiltración de agentes, entre otras. La práctica más violenta fue la instalación de centros clandestinos de represión dentro de los predios fabriles, como sucedió en La Fronterita, Acindar o Ford, entre otros. La mayoría de las víctimas tenían una activa militancia gremial o política, no necesariamente revolucionaria ni adherente a la lucha armada. En muchos casos, fueron secuestrados trabajadores sin antecedentes de militancia. El aleccionamiento fue mayor porque –aunque existieron niveles de intensidad- no hubo discriminación.

Algunos ejemplos sirven para ilustrar el asunto. Marcos Levin, dueño de La Veloz del Norte, empleaba en su empresa a un subcomisario con quien organizó una causa de estafa contra choferes y azafatas, mediante la cual se permitió detenerlos y llevarlos a la comisaría. Allí, fueron torturados y obligados a firmar confesiones, estando Levin en el propio centro clandestino de detención. Este empresario llegó incluso a utilizar micros de su empresa para trasladar detenidos. En otro caso, José María Menéndez, coronel de Caballería retirado, fue nombrado gerente general del directorio de Grafa y de Grafanor del grupo Bunge & Born en septiembre de 1976. A los pocos días, fueron secuestrados 8 trabajadores de esta empresa. De estas víctimas, la única que fue secuestrada en la puerta de la planta no había entregado meses antes una planilla que la compañía exigía completar, con el itinerario que seguía cada trabajador de su casa al trabajo. Todas las demás fueron secuestradas en sus casas o saliendo de ellas. En Astilleros Río Santiago, el día del Golpe, se instaló un retén militar en el acceso a la planta industrial: durante semanas, los trabajadores formaban fila para ser identificados al ingresar. Las demoras del ingreso podían alcanzar varias horas. Trabajadores identificados en un listado eran separados y detenidos.

Una veintena de diferentes prácticas hemos detectado en cada empresa analizada, repitiéndose en numerosas ocasiones las mismas. Los ejemplos que podríamos dar y que se desarrollan en la investigación son interminables. Conviene señalar una de las más frecuentes y utilizadas y que enseña el interés más mundano de la empresa: la vinculación entre el secuestro y el despido. Ford fue una de las compañías que más abiertamente colaboró con la represión: tenía un destacamento militar en su interior y el quincho recreativo de los trabajadores fue utilizado tipo vivac militar para secuestrar y torturar a delegados gremiales. Los directivos amenazaban a los trabajadores con el uso del Ejército y enseñaban a toda hora tener un conocimiento preciso de la situación de los secuestrados. Oficiales del Ejército admitieron ante los familiares que la empresa señalaba a quien detener. A poco de producirse el Golpe, directivos de la empresa explicaron a oficiales de inteligencia policial que tenían la “urgente necesidad de medidas” para “prescindir del personal que (…) resulte perjudicial o influya en el normal desenvolvimiento de las tareas”. El agente traducía: “un voto de confianza para que la patronal efectúe los despidos que crea necesario”. En menos de diez días, una decena de delegados fue secuestrada. Los trabajadores recibieron telegrama de despidos y cuando sus familiares respondieron que los trabajadores se encontraban secuestrados, volvieron a recibir telegramas intimidatorios de la empresa para que se presenten en sus lugares de trabajo.

La trama de la responsabilidad empresarial: una lectura histórica

Argentina tiene una larga historia de represiones obreras, legales e ilegales, bajo gobiernos democráticos y dictatoriales, que incluyen –incluso en democracia- barbáricas masacres obreras como las de los años 1919-1921 en La Patagonia o en La Forestal. En todos estos casos, grupos empresarios tuvieron notoria responsabilidad. En los procesos represivos más intensos, la conflictividad laboral estaba atravesada por enfrentamientos sociales más amplios, que a nivel económico enseñaban profundas transformaciones de los procesos de trabajo y modelos de acumulación, y a nivel político e ideológico procesos de intensa lucha entre fuerzas sociales. Los obreros reprimidos entre 1919-1921 fueron acusados por los empresarios de instalar “soviets” en las fábricas o campos. Los obreros reprimidos en la década de 1970 fueron acusados de “subversivos”, “guerrilleros” o “terroristas”. Durante los años sesenta y setenta del siglo XX, los conflictos a nivel fabril estaban atravesados por los procesos globales de descolonización y de luchas revolucionarias que seguían, entre otros, el ejemplo cubano.

En 1969, los estallidos sociales en las ciudades de Córdoba y Rosario, expusieron la peligrosidad que representaba para las empresas el ascenso de la militancia y organización sindical en los establecimientos laborales, vinculada o no a organizaciones revolucionarias y armadas. Los términos “ausentismo”, “insubordinación”, “improductividad”, organizaron el discurso de los sectores empresariales, que se potenciaba con el temor a las huelgas, tomas de fábrica e incluso experiencias de autogestión y control obrero de la producción. El costo del trabajo y la pérdida de autoridad y disciplina empresarial advirtieron la crisis del sistema. La represión más despiadada no se hizo esperar.

Numerosas leyes represivas se dictaron desde 1974 en adelante, antes de iniciado el Golpe. Cuando éste sobrevino, la capacidad política y militar de las organizaciones revolucionarias estaba seriamente dañada. Pero las movilizaciones obreras de junio y julio de 1975 y febrero y marzo de 1976, enseñaban que la “guerrilla fabril” –como la llamaron los sectores dominantes- todavía constituía un serio obstáculo a la acumulación del capital. El Golpe del 24 de marzo de 1976 selló una etapa histórica.

Desde entonces y hasta 1979, se desarrolló una represión sin precedentes, tanto en términos cualitativos como cuantitativos, sobre la clase obrera y el movimiento sindical: miles de trabajadores, dirigentes y activistas fueron asesinados, presos, desaparecidos, exiliados, al tiempo que se desarrollaron distintas formas de violencia en los lugares de trabajo, se prohibieron asambleas y reuniones y se profundizaron las estructuras de seguimiento, vigilancia y control, con los consecuentes efectos sobre los derechos obreros y los ritmos de producción. La modificación de la legislación laboral, una batería de leyes represivas sobre la organización y la acción sindical y las transformaciones económicas que alteraron las bases estructurales de poder obrero conformaron el monumental dispositivo represivo.

Esta transformación no implicaba la eliminación de todo formato sindical, sino, en principio, de lo que el gobierno dictatorial consideró “excesos” del poder. Los objetivos generales eran “asegurar el libre desenvolvimiento de las actividades industriales y laboral” y “lograr un eficiente funcionamiento del aparato productivo del país”. Para los empresarios se trataba de eliminar el poder obrero en las fábricas, recuperar la autoridad sobre los procesos productivos y reducir costos. Pese a sus diferencias, la combinación del accionar militar y empresarial fue letal: las “fuerzas amigas” (como denominaban los documentos del Ejército a los “empresarios consubstanciados” con la dictadura –también se refirieron de esta forma a algunos dirigentes sindicales) cumplieron con sus objetivos inmediatos. Es en este punto que retomo el concepto de “estrategia de rentabilidad” que ofrecen Robert Boyer y Michel Freyssenet en Modelos productivos, como camino que toma una empresa para combinar distintas fuentes de ganancia. Más enfocadas como estrategias de negocio, la última de las seis estrategias que identifican es “la reducción permanente de los costes para mantener un margen suficiente en cualquier circunstancia”. La flexibilización conceptual puede ser oportuna.

Hablar de estrategia empresarial y de responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad, pone el problema en otra perspectiva. Por un lado, el foco no está puesto exclusivamente en la lucha de las organizaciones revolucionarias y el Ejército, sino en la formación de fuerzas sociales ordenadas en buena medida por esa disputa fundamental entre capital y trabajo. En referencia estricta al rol de los empresarios en la represión contra los trabajadores, se quita a aquellos de un rol secundario o subsidiario (que implicaría una noción de complicidad): su involucramiento fue decisivo. Responder por qué participaron de estas masacres puede resultar muy complejo. En un nivel, se pueden explicar sus motivaciones más mundanas, ya señaladas. En otro, hay que subrayar el hecho de que su involucramiento hizo posible que la represión llegara tan lejos, hasta la médula del poder obrero: cuerpos de delegados, comisiones internas y activistas de los establecimientos laborales. A poco de producido el Golpe, lejos de horrorizarse por la bestial represión que se realizaba en las fábricas, este grupo de empresarios se dirigía al general Horacio Liendo, al mando del Ministerio de Trabajo, para felicitarlo por su designación, desearle éxitos y ofrecerle su “franca colaboración”. Se sentían “honrados” de “establecer un vínculo permanente fundado en una común causa patriótica”.

Notas:

1. Esta nota presenta algunos resultados del informe señalado. El autor participó como co-coordinador e investigador, por parte del Programa Verdad y Justicia, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Sin embargo, aquí los conceptos vertidos más allá de los estrictos resultados de la investigación son pura responsabilidad del autor y no representan a las instituciones participantes del informe.

2. Y se expresa en los informes y el Marco elaborado por John Ruggie y el seguimiento que se hace desde “Business & Human Rights Resource Centre”, entre otros.

3. Estas temáticas fueron investigadas y analizadas incluso judicialmente: ver “Causa Olmos”, una denuncia del periodista Alejandro Olmos por los manejos delictivos del endeudamiento externo y la estatización de deudas privadas; y numerosas investigaciones académicas, entre las cuales destacamos dos producciones colectivas recientes: La dictadura del capital financiero y El Banco Nación de la Argentina y la Dictadura. También, 1976. El Golpe Civil.

Alejandro Jasinski, historiador y periodista
Fuente: Investig’Action
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