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27 de julio de 2016

PLAN "GRAN HERMANO": EL GOBIERNO YA HABIA INTENTADO QUEDARSE CON LA BASE DE DATOS DE LA SUBE


La toma de datos de Anses llega después de una maniobra fallida de Marcos Peña con Transporte
El convenio que la Jefatura de Gabinete firmó con la Anses para que le entregue su base de datos de los ciudadanos con el objetivo de "mejorar" la comunicación oficial, no fue el primer intento de la oficina de Marcos Peña de acceder a una montaña de información clave para direccionar la publicidad del Gobierno y eventualmente usar en la campaña del PRO del año que viene.

Hace aproximadamente un mes, la Jefatura de Gabinete había intentado quedarse con la base de datos del Sistema Único de Boleto Electrónico, la tarjeta SUBE, el medio de pago del transporte público que usan unas 12 millones de personas.
De esos 12 millones de usuarios, más de la mitad tiene registrada su tarjeta. Es decir, que hay una base con el nombre, DNI, correo electrónico, teléfono, CUIL y otros datos de más de seis millones de personas. También figuran allí el origen y destino de cada uno de sus viajes, la frecuencia, el medio de transporte y hasta dónde recarga la tarjeta cada usuario.
El intento de la Jefatura de Gabinete por quedarse con los datos de la SUBE lo ejecutó la coordinadora de Comunicación del Ministerio de Transporte, Soledad Aguirre Sors, una funcionaria de Guillermo Dietrich pero que responde a Marcos Peña, que tiene bajo su órbita a todos los equipos de comunicación del Gobierno. Aguirre Sors es además la jefa directa de Octavio Paulise, que es uno de los encargados de conducir a los ejércitos de trolls del PRO que escrachan a periodistas y figuras públicas como Marcelo Tinelli, cuando esbozan alguna crítica o información que irrita al Gobierno.
Aguirre Sors solicitó a los encargados del Sistema Único de Boleto Electrónico que entregue esa base de datos al Ministerio de Transporte, en un paso previo a que esa base termine en manos de la Jefatura de Gabinete, donde se digita toda la publicidad oficial.
El inconveniente fue que los funcionarios del Banco Nación (que administra la implementación de la SUBE a través de Nación Servicios S.A.) le advirtieron a sus pares de Transporte que no podían entregar la base porque está inscripta en el registro de Datos Personales, que depende del Ministerio de Justicia y tiene como misión proteger esos datos. De entregarlos, sus directivos se podrían enfrentar a sanciones serias.
Esta traba generó un fuerte cruce dentro del Gobierno. Desde la JGM intentaron buscarle alguna vuelta, pero no encontraron el atajo legal. La solución la encontraron en Anses, con una base de datos aún más grande.
El Gobierno sostiene que el objetivo es hacer "el bien" y evitar las cadenas nacionales para informar a los ciudadanos, pero en realidad la idea es contar con esos datos para afinar la publicidad oficial de cara al año electoral que se viene. Se sabe que el macrismo ya empezó a dar los primeros pasos en ese sentido con los timbreos, mientras que en la Ciudad adelantaron la campaña para octubre.
Y aún suponiendo que esos datos sean usados exclusivamente para brindar información de programas oficiales (que según algunos especialistas deberían ser sólo de Anses), no es ninguna novedad que las publicidades oficiales en tiempos de campaña tienen un fin electoral, sobre todo si son para informar sobre beneficios sociales, como argumentan los funcionarios.

FUENTE: LPO






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ALFREDO BARROS

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