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20 de mayo de 2016

PUERTO QUEQUEN PARALIZADO POR UNA HUELGA MASIVA DE TRANSPORTISTAS



Hecha la ley, hecha la trampa.

Otra vez, la zona de Puerto Quequén es el foco de un conflicto de proporciones a raíz de una medida gubernamental que afecta seriamente a los transportistas y a la actividad agroexportadora en su totalidad.
El eje del conflicto es la posibilidad cierta de que miles de dueños de camiones de carga con cierta antigüedad se queden sin posibilidad de trabajo en el corto plazo. La consecuencia es la reacción de menos a más de los transportistas: están a la vera de las rutas y rotondas de la provincia de Buenos Aires y paralizan las actividades productivas, y la primera en caer es la actividad agroexportadora de Puerto Quequén.

La decisión gubernamental de poner en vigencia en pocos días más una ley inviable y que lleva varios años en suspenso, provocó la furia de los transportistas, un gremio con dificultades de agremiación pero con decisión a la hora de plantarse cuando se tocan sus intereses.
Es la zona de Puerto Quequén, nuevamente, el foco inicial de un conflicto que se está extendiendo a toda la provincia y se estima que en poco tiempo, al resto del país. La entidad que tomó la bandera de la defensa sectorial es ATCADE (Asociación de Transportistas de Cereales y Oleaginosas por sus Derechos), comandados por el referente histórico, Miguel Aguilar. Los piquetes hoy están presentes en las rotondas de acceso a Daireux, Tres Arroyos, Balcarce, Tandil, Lobería, Trenque Lauquen, Cnel. Suárez, y varias ciudades más.
Como otras tantas medidas de la actual gestión nacional y provincial, la puesta en rigor de una normativa tomó por sorpresa a todos los miembros de la cadena agroexportadora. La letra impresa de la disposición procura restringir la circulación de vehículos de transporte de carga de cierta antigüedad con el objeto de no dañar el pavimento de las rutas. Lo que se esconde atrás es una maniobra comercial ciertamente llamativa: obliga a quienes quieran seguir en el rubro del transporte de carga a modernizar sus unidades, en lo posible 0 kilómetros, hoy de valores inalcanzables para un pequeño transportista.
Si bien circuló la noticia de la suspensión por unas semanas de la normativa, los transportistas quieren seguridades y con razón. Sus camiones, algunos vetustos pero útiles para los fletes de corta distancia, tienen valores similares a un automóvil remise o taxi. En caso de que la normativa entre en vigencia, su pequeño capital y herramienta de trabajo perdería totalmente su valor de mercado por su inutilidad laboral.

Una versión de última hora señalaba que se estaría estudiando la puesta en práctica de líneas de crédito blandas para acceder a nuevas unidades, subsidiadas por el Estado. Para los transportistas esto sería inviable, imposible de llevar a la práctica en el corto plazo ¿Un camionero de 60 años de edad calificaría para un crédito oficial a 20 años por más de dos millones de pesos?
En el mientras tanto, en la rada de Puerto Quequén decenas de buques graneleros esperan impacientemente ingresar a las terminales portuarias para su carga de cereales. Cada día extra de espera son centenares de miles de dólares que pierden las empresas marítimas y exportadoras, como la multinacional Cargill, muy nerviosa por estos días.
Un detalle para tener en cuenta: se sabe que la normativa que despertó la furia de los transportistas es alentada desde el Ministerio de Transporte de la Nación, una repartición cuyo titular es Guillermo Dietrich. ¿Le suena el nombre? Si, es uno de los dueños de la cadena de concesionarias Dietrich de Volkswagen Argentina, quienes venden camiones 0 km y usados en todo el país, por supuesto aptos para circular.
¿Cómo era el dicho? Hecha la ley, hecha la trampa.

Alfredo Barros / LANUEVACOMUNA.COM


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ALFREDO BARROS

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