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31 de marzo de 2016

LA DECLARACION DE LA EMERGENCIA EN INFRAESTRUCTURA CONVERTIRIA A VIDAL EN UN POTENCIAL BLANCO DE DENUNCIAS


Juristas aseguran que la norma viola tratados anticorrupción suscriptos por el país
El proyecto de ley que declara la emergencia en infraestructura en el territorio bonaerense con el objetivo formal de favorecer la ejecución de obras públicas, presenta pliegues que son observados con atención y preocupación por juristas de adentro y de afuera del gobierno provincial. 
En esos círculos de expertos apuntan, por caso, que la norma, si salteara finalmente los contratiempos políticos que trabaron su sanción en la Legislatura, pondrá a la gobernadora Maria Eugenia Vidal en estado de vulnerabilidad jurídica porque, aseguran, choca de frente contra la Convención Interamericana contra la Corrupción y otras regulaciones en materia de transparencia.
La iniciativa es parte de un paquete legislativo que establece, en definitiva, el modus operandi de la gestión PRO. Con el argumento de que “la provincia está quebrada” y de que el aparato burocrático bonaerense es un escollo insalvable para gestionar con celeridad, Vidal, no bien pisó la Casa de Gobierno en La Plata, pidió autorización para un endeudamiento de 90 mil millones de pesos (los legisladores le aprobaron sólo 60 mil) e impulsó la declaración de –hasta ahora- cuatro emergencias: seguridad, penitenciaria, administrativa y de infraestructura.
La declaración de una emergencia permite a un gobierno gestionar en estado de excepción. Estas herramientas voltean vallas dispuestas en los procedimientos administrativos, fundamentalmente en los destinados a compras de bienes e insumos y a la contratación de proveedores para la ejecución de obras.
En los pasillos de tribunales estudian con lupa el dictamen favorable que salió de la Cámara de Diputados, enumerándose cuestionamientos a la iniciativa y advirtiendo sobre la “vulnerabilidad jurídica” a la que se expondría a Vidal si ésta fuera sancionada.
Los más críticos aseguran que el proyecto “violenta mandatos constitucionales y la Convención Interamericana contra la Corrupción”, un tratado internacional al que adhirió la Argentina a través de la Ley 24.759.
“La norma declara la emergencia en materia de infraestructura pero no especifica de qué trata la emergencia ni cuáles son las obras necesarias para hacer frente a esa situación, sino que posterga su individualización a la presentación, por parte del Poder Ejecutivo, en un plazo de 60 días”, explicó un jurista que trabaja en el gobierno provincial.
Los juristas cuestionan la eliminación de la publicación obligatoria de las disposiciones en el Boletín Oficial y aseguran que la norma le da pista libre a la distintas reparticiones el Estado para renegociar los contratos en curso de ejecución con un límite mayor al establecido en la ley 6021, lo que, señalan, viola los principios de publicidad e igualdad inherentes a este tipo de procesos y los tratados anticorrupción suscriptos por el país, que son de respeto obligatorio para la provincia de Buenos Aires.
Pero las advertencias más enérgicas caen sobre el artículo 6 del proyecto de ley, que otorga la posibilidad de presentarse a una licitación a empresas que no estén inscriptas en el Registro de Proveedores y Licitadores.
“Lo único que les impone a los potenciales proveedores es la obligación de cumplimentar ese trámite en un plazo máximo de 90 días, pero sin precisar desde cuándo corre ese plazo”, apunta un jurista consultado, que explica el riesgo de esta laxitud: “Una empresa podría firmar el contrato, empezar la obra pero luego no ser admitida en el Registro, lo que llevaría al fracaso de la contratación y, como consecuencia, al dispendio de tiempo y dinero por parte del Estado”.

FUENTE: Letra P

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ALFREDO BARROS

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